Esta nueva prestación fue, por el Gobierno, anunciada a bombo y platillo como la panacea para acabar con la emergencia social y económica de muchas familias de este país, en torno a finales de mayo. A partir del 15 de junio ya se puso en marcha la disponibilidad de su presentación. No exenta de una farragosa documentación, que implicaba la presentación, entre otros, de un certificado de empadronamiento, que en momentos actuales de crisis por la pandemia era imposible obtener, con la cual las administraciones públicas se han visto desbordadas de peticiones, por un lado por las restricciones de aforo y atención lógicas, para evitar o minimizar los contagios, ocasionados por el dichoso virus SARS-COV 2. Para poder obtener este documento, el cual caduca a los 3 meses, había que insistir para conseguir una cita, lo cual ha retrasado aún más la presentación de las solicitudes.

No obstante, cumplido el trámite y presentado telemáticamente toda la documentación exigida, nos encontramos que a día de hoy, apenas un 10 % de las solicitudes han sido, no ya resueltas, si no atendidas. Después de casi 4 meses, hay muchos solicitantes y familias que todavía no han podido ingresar esta ayuda o prestación. Por lo tanto, la necesaria urgencia, que estaba en el ánimo del nacimiento de esta prestación, no se cumple. Esta prestación no está sirviendo, no está cumpliendo su objetivo principal, que era inyectar recursos económicos a la población más desfavorecida de una manera rápida.

Si esa inyección no es rápida, ya no cumple su primer y principal objetivo: paliar la urgencia de la falta de recursos de esas familias en ese momento preciso. El colapso al cual se ve abocado el INSS para poder gestionar un número ingente de solicitudes, la gran mayoría presentadas en 2 o 3 semanas, a la vez que la solicitud de documentos, muchos relacionados con el empadronamiento de solicitantes y convivientes, o en otros casos relacionados con la situación administrativa de extranjeros o comunitarios, entorpecen aún más el proceso.

Todos esto genera un “gap” entre la necesidad y la concesión y posterior abono de esta ayuda, que debería solventarse agilizando mucho más el proceso de solicitud y de cotejo de documentos y requisitos, sin olvidar obviamente que se deben garantizar el cumplimiento de los requisitos del solicitante. Al final es una cuestión de recursos humanos disponibles, por eso, la Administración, cualquiera que gestione la ayuda o prestación, tiene que hacer una profunda revisión y reflexión sobre con qué personal cuenta para gestionar ciertas prestaciones y ayudas, y calibrar cuál podría ser la respuesta ciudadana. Hay que valorar y preparar un Instituto Nacional de la Seguridad Social al igual que el SEPE, ya de por sí colapsados por la contingencia pandémica, para tener el personal suficiente o adecuarlo para los retos que se van afrontando y así poder responder a la emergencia social de la ciudadanía.

FDO. Bernardo Sánchez Moreno

Graduado Social y Responsable de Gestión Laboral de ILLICE AUGUSTA CONSULTORES ABOGADOS